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¿En qué se equivocan quienes desacreditan las voces de las iglesias?
El debate sobre la iniciativa presidencial en México para incorporar a nivel Constitucional el llamado “matrimonio igualitario” está candente puesto que a nivel ciudadanía encontramos muchas posiciones a favor y también muchas en contra.
Desde mi particular punto de vista, este debate contiene diversos temas de derecho que giran alrededor de él y que todos ellos son dignos de mencionar, tales como el entender que el concepto de “matrimonio igualitario” es un concepto equívoco, o de que ese derecho es un derecho humano internacional, aspecto que es totalmente falso, pero el que atañe a Impulso 18 y que hoy quiero tocar en mi calidad de creyente en Jesucristo es el de la libertad de religión y creencias.
Hay quienes pretenden acallar las voces de las iglesias en temas como éste, aduciendo que los ministros de culto, según la ley, no pueden inmiscuirse en política y por ello no deben hablar del tema.
A lo anterior habrá que ser muy precisos para entender que esta opinión es errónea. Quienes opinan que así debe de ser, basan su argumento en que los líderes religiosos violan por una parte, tanto el principio histórico de la separación de las iglesias y el Estado contenido en el artículo 130 Constitucional, así como el Estado laico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de la propia Carta Magna.
Dejar en ese plano el tema es muy incompleto, porque habrá que recordar que también la propia Constitución garantiza la libre expresión, la libertad de convicciones éticas, la libertad de conciencia y de religión, así como la libertad de información, entre otras.
A su vez, la ley reglamentaria al artículo 130 Constitucional establece en uno de sus apartados que nadie puede ser objeto de inquisición judicial o administrativa por expresar sus ideas religiosas.
Cierto es que el tema que nos ocupa, el del matrimonio igualitario, es un tema que corresponde ejecutar a la propia autoridad administrativa, pues así lo consagra la ley.
Es decir, que al Estado le corresponde todo lo referente al estado civil de las personas, pero también debemos entender que nos agrade o no, el tópico trastoca eminentemente el ámbito religioso, puesto que las iglesias y específicamente las cristianas, basan sus creencias en las Sagradas Escrituras, mismas que son su norma tanto de fe como de conducta.
Y en ellas efectivamente encontramos lo que Dios establece como su modelo de familia: “varón y hembra los creó”.
Aunque también encontramos que el ser humano al ser creado a imagen y semejanza de Dios no debe ser discriminado, en este caso por su condición de homosexual, esto no significa que se comparta o apoye moralmente su conducta, ni tampoco la idea de la equiparación legal de un matrimonio homosexual con la del matrimonio entre hombre y mujer.
Es muy importante entender que la libertad de creencias y de religión otorga a los individuos el derecho de tener convicciones personales y de manifestarlas sin ninguna cortapisa, y por ello considero que tratar de que las comunidades religiosas no se expresen en temas que atañen la vida en sociedad, es violar su libertad de conciencia, expresión, y de creencias y religión.
Hay quien dice que ese posicionamiento religioso lo deben hacer los ministros de culto solo en sus respectivos templos, sin embargo, tampoco allí se les da esa libertad, porque ya hay casos en los que se les ha acusado de homofóbicos, aún y cuando su dicho sea respetuoso y en base a la doctrina que profesan y en lo establecido en su libro sagrado. Aquí también se viola su libertad de conciencia, de expresión y su libertad de creencias y religión.
La iglesia tiene que seguir siendo iglesia, tiene una tarea de la que no le puede aliviar el Estado, dar el mensaje y no enmudecer. Es la única voz que puede compartir la esperanza y ayuda que todo pueblo necesita oír.
Que el debate sea serio y que todas las voces sean escuchadas. Ese es mi deseo. Abrazos a todos.
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Jorge Lee Galindo es abogado, autor del libro “El derecho a creer diferente” y actualmente preside Impulso 18, una Organización No Gubernamental que apoya la libertad de creencias y de religión como derecho humano fundamental en México.